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NEGOCIACIONES INVESTIDURA

ERC quiere ser el “ministro sin cartera” de un gobierno que negará la amnistía y el derecho a decidir

ERC y el PSOE trabajan, más allá de los roces mediáticos, por hacer posible el gobierno “progresista”. La ilusión del “sit and talk” allana el camino a este retorno al autonomismo. Otra hoja de ruta, con eje en la lucha de clases, se torna urgente.

Santiago Lupe

@SantiagoLupeBCN

Miércoles 18 de diciembre de 2019 | 15:08

Este miércoles, el acuerdo entre el PSOE y ERC de cara a la investidura de Pedro Sánchez se daba casi por cerrado. Medios como eldiario.es lo anunciaban como inminente. También los socios de los socialistas, en este caso de En Comú Podem, lo daban por hecho en palabras de su portavoz en el Congreso Jaume Asens.

Tal era el entusiasmo, que el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, se animaba a confirmar en una entrevista en TVE que ERC había ya renunciado a la vía unilateral.

Una renuncia que no por previsible deja de ser difícil de reconocer públicamente por parte de los republicanos. La reacción no se ha hecho esperar, y ERC ha puesto paños fríos y ha alejado, al menos por el momento, la posibilidad de una investidura antes de que acabe el año.

ERC se prepara para ser el “ministro sin cartera” del gobierno “progresista”

Por más que todo este sainete reciba la atención periodística, lo verdaderamente relevante es que definitivamente la dirección de ERC ha decidido ser el “ministro sin cartera” del gobierno que actuará de carcelero de sus propios presos y presas políticos. Tan es así, que sobre la mesa está no solamente la investidura sino facilitar la aprobación de los Presupuestos de 2020. Si lo consiguen o no está por verse, en este terreno pueden entrar en juego imponderables que hagan fracasar sus esfuerzos, como las sentencias de Luxemburgo, a inhabilitación de Torra u otras “sorpresas”.

A cambio de esto, el único precio que le han puesto es un cambio de narrativa por parte del PSOE – que hablen más de “seguridad jurídica” que de “marco constitucional”, o de “conflicto político” y no “de convivencia”- y una mesa de diálogo más allá de los cauces que marca el Estatut, aunque con un agenda en la que ni la amnistía ni el derecho a decidir estarán sobre la mesa.

Que ERC se prepare para apoyar a un gobierno que ya ha dejado claro que respetará la herencia recibida en materia económica y social – desde el respeto al 135 a la no derogación de las reformas laborales de Zapatero y Rajoy- no es ninguna novedad. Llevan años gobernando la Generalitat aplicando las mismas políticas neoliberales a las que nos tiene acostumbrados el PSOE y que ahora asumen sin tapujos desde sus socios de Unidas Podemos.

El salto es que asumen como nuevo socio al partido del 155, la acusación de sedición contra los presos del Supremo y que estuvo a la cabeza, esta vez junto a los Mossos dirigidos por el Govern JxCat-ERC, de la represión de las movilizaciones de este otoño con 30 presos políticos más, 200 detenidos y centenares de heridos.

JxCat no quiere quedar fuera de un marco de negociación en clave autonómica

JxCat y Puigdemont han optado por el momento permanecer al margen de las negociaciones de investidura y previsiblemente no se sumarán al acuerdo. Pero lejos de significar una posición de oposición a esta escalada de renuncias y retorno al autonomismo, han optado por mantenerse en una leal oposición.

Tanto JxCat como Torra, a la vez que esperan poder sacar rédito electoral al no ser sus votos necesarios para que salga adelante la investidura, también quieren ser tomados en cuenta en las futuras negociaciones con el gobierno central si éste se constituye.

Si se abre un marco de diálogo en el que se “intercambie” el derecho a decidir y la libertad de los presos, por un acuerdo de financiación o una reforma estatutaria, ni ERC ni los herederos de los convergentes quieren quedarse fuera. La bancarrota del procesisme y sus partidos queda una vez más confirmada, en ningún caso será con los partidos de la burguesía y pequeña burguesía catalana a la cabeza como se conquistarán estos derechos democráticos.

La ilusión del “sit and talk” allana el camino al retorno al autonomismo

La CUP por su parte ha reiterado que el preacuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos por suponer una continuidad en la política de “recortes de derechos laborales , políticas de privatización de pensiones, mantenimiento de la violencia institucional en la frontera sur de Europa...” y en ningún caso supone una “solución al conflicto político”.

Sin embargo la ilusión en una salida negociada sigue siendo fuerte en el movimiento democrático catalán. No solo la fomentan desde ERC o JxCat. Las organizaciones civiles del procesisme, ANC y Omnium, y entidades como Tsunami Democràtic la reproducen tal cual. No hay más que ver el lema de la acción del “clásico” de este miércoles, un “Spain sit and talk” que sitúa la solución a las aspiraciones democráticas del pueblo catalán en conseguir que el Estado español se avenga a sentarse a negociar.

Incluso la CUP viene modulando su discurso en favor de que la movilización logre presionar lo suficiente para obligar al Estado a sentarse a negociar o logre un apoyo internacional para conseguir este fin. La exdiputada Eulalia Reguant escribía recientemente en el diario digital naciodigital.cat que “no se trata de negar que el conflicto político existente se resolverá en una mesa, o de olvidar que en algun momento el Estadi se tiene que ver obligado a sentarse en esta mesa. Pero para que eso pase, y el Estado pueda asumir que la autodeterminación y la amnistía total son las únicas herramientas de resolución del conflicto, lo que hace falta es recuperar la iniciativa política en Catalunya”.

Son estas ilusiones y expectativas en que el Estado español en algún momento moverá ficha -aunque sea bajo presión doméstica o internacional- las que permiten justamente al viejo procesismo darse una sobrevida y perpretar la claudicación que se está cocinando en las negociaciones entre ERC y el PSOE.

La salida no vendrá en una mesa de diálogo, sino de la lucha de clases

Las ilusiones en la salida dialogada con el Estado son en primer lugar eso, ilusiones. Considerar que el Régimen del 78 y sus agentes -desde la Corona hasta el Ejército, pasando por la Judicatura y los partidos constitucionalistas- aceptarán que se pueda cuestionar el dominio territorial del Estado español, es perder de vista su naturaleza política -como heredero del Franquismo- y social -como gerente de los negocios de los grandes capitalistas-.

Lo mismo que esperar a que la comunidad internacional o instituciones imperialistas como la UE o la ONU, medien en favor de una “salida negociada” que incluya el ejercicio sin limitaciones del derecho a decidir.

Conquistar demandas democráticas como la amnistía y el derecho de autodeterminación no es posible sin una movilización social que supere el marco de las vistas hasta ahora.

Éstas, que adoptaban la forma de movilizaciones ciudadanas y de presión sobre un Estado que ha dado claras muestras de que no cederá, deberían dejar paso a una lucha que mude tanto los métodos, los sujetos sociales que ocupen el centro, como sus objetivos.

Un lucha en que se incorpore en el centro definitivamente a la clase trabajadora y los sectores populares, con sus propios métodos como la huelga general. El ejemplo de lo que está sucediendo en Francia en estos días, donde el movimiento obrero junto a estudiantes y sectores populares llevan 13 días paralizando varios sectores estratégicos, es el camino.

Ante la bancarrota del procesisme y la evidencia de los límites de movilizaciones en clave de revuelta, es necesario que la izquierda independentista junto al sindicalismo alternativo y la izquierda anticapitalista, se plateen otra hoja de ruta en esta dirección.

Que ligue las demandas democráticas con un programa de reivindicaciones sociales que den respuesta a los problemas del paro, precariedad, servicios públicos... por encima de los beneficios y privilegios de los grandes capitalistas. Que logre así poner en pié un movimiento que aspire, no a la presión sobre el status quo, sino a su superación definitiva, y apunte a terminar con el Régimen del 78 junto al resto de sectores populares y obreros de todo el Estado.






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