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El Gobierno derogó decretos de Macri sobre las FF. AA.: ¿cómo será la reforma castrense?

Además, el Gobierno anunció que está reuniendo a especialistas del área para redefinir un nuevo rol para las Fuerzas Armadas. ¿Retiraran las tropas que recientemente desplazaron a la provincia de Salta?

Rosa D'Alesio

@rosaquiara

Martes 30 de junio

Este lunes en el Boletín Oficial se publicó el decreto 571/2020, que deroga los decretos de 2018 firmados por Mauricio Macri y restablece otros decretos emitidos en 2006 y 2009.

El 24 de julio de 2018 Mauricio Macri modificó el Decreto 727, que en 2006 reglamentó la Ley de Defensa, limitando la intervención militar a casos en que las fuerzas de seguridad fueran sobrepasadas o hubiera una agresión militar de otro Estado. Bajo esa modificación, el Poder Ejecutivo del gobierno de Cambiemos amplió la injerencia de las Fuerzas Armadas.

Bajo los acuerdos que el macrismo realizó con el Comando Sur de Estados Unidos, modificó el decreto 727 para incluir a las fuerzas castrenses, en la “lucha contra el narcotráfico y el terrorismo”. De este modo autorizaba su intervención en una diversidad de ocasiones, que implicaba una aceptación abierta de las llamadas "nuevas amenazas". Con estos decretos anticipaban una reforma para redimensionar el aparato militar de conjunto.

El ajuste viene marchando: la reforma militar de Macri

Acompañó los decretos del Poder Ejecutivo de Cambiemos, todo un arco de ex ministros de Defensa y sectores promilitares, que sostenían que el decreto de la ex ministra de Defensa, Nilda Garré -727 de 2006- se había excedido de las limitaciones que había impuesto a las Fuerzas Armadas para intervenir en la defensa nacional.

Sin embargo, estos sectores “desconocían” que tanto los decretos que limitaban la participación de los militares en la vida interna –se reservaron la posibilidad de usarlas si las fuerzas de seguridad fueran sobrepasadas-, así como la Ley Nº 24.059 de Seguridad Interior y la Ley Nº 24.948 de Reestructuración de las Fuerzas Armadas, fueron conquistada por la movilización y lucha incansable de organismos de derechos humanos, partidos de izquierda y un amplio sector de la sociedad logró que los militares no volvieran a cumplir tareas de seguridad interna.

No se trató de un “exceso” en la reglamentación de una ley, sino de una relación de fuerza a favor de los reclamos de las mayorías populares. Las Fuerzas Armadas salieron derrotadas del golpe de 1976. Repudiadas por un amplio sector de la sociedad, por el genocidio de clase que llevaron adelante, y por la capitulación cobarde de las cúpulas militares ante las tropas inglesas durante la Guerra de Malvinas.

Derogación de decretos macristas ¿ahora qué?

Durante el gobierno de Cambiemos hubieron distintos debates públicos sobre cuál debería ser el nuevo rol de las Fuerzas Armadas. Coincidían, en esos debates, que en el siglo XXI, donde no está en el horizonte amenazas de agresiones interestatales, debían buscar una readecuación a su función y su formación.

El gobierno de Mauricio Macri dejó correr distintos anuncios sobre sus planes de reforma de las Fuerzas Armadas. Entre ellas, que se disponían vender la mayoría de las propiedades castrense, reducir el número del plantel militar, y dar nueva formación. El objetivo era la formación de Fuerza de Despliegue Rápido, compuesta por miembros del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, para que cooperen con las fuerzas de seguridad interior, para lo que Estados Unidos llama las “nuevas amenazas”. Pasaron cosas y el macrismo sólo pudo, no fue poco, derogar los decretos que mencionamos más arriba.

Fuerzas Armadas: las dificultades de Macri para otorgarles un nuevo rol

El gobierno de Alberto Fernández aún no presentó un proyecto de ley sobre la reestructuración de las Fuerzas Armadas, pero dio señales claras por dónde quiere ir.

Días antes del golpe del 24 de Marzo, el Presidente dio un discurso en Campo de Mayo, ante los militares había dicho que el genocidio fue una “inconducta de algunos” y propuso “dar vuelta la página”.

Luego, bajo el pretexto de la cuarentena, desplegó en todo el país cerca de 60.000 militares, según cifras dadas por el ministro de Defensa Agustín Rossi. Con ropa de fajina, sin armas, las fuerzas castrenses llegan a los barrios populares para realizar tareas “humanitarias”. A nadie se le escapa, como hemos planteado en varias oportunidades, que estas tareas, que puede realizar organizaciones sociales y de trabajadores, tenían el doble objetivo de desalentar la protesta social que surgiera en estos barrios carenciados, así como represtigiar ante las masas a los militares, al mostrarlos solidarios con el pueblo pobre.

Pero el rostro "humanitaria con el pueblo pobre" no sería el único que el Gobierno les hará mostrar. Días atrás, bajo la Resolución 860 emitida por Macri en 2018 -que permite el adiestramiento operacional y el apoyo logístico a las fuerzas de seguridad-, Alberto Fernández autorizó el envío de tropas militares a la provincia de Salta.

El objetivo es que junto con Fuerzas de Seguridad cierren el paso fronterizo para impedir la llegada de ciudadanos bolivianos a la provincia en busca de atención médica por el colapso de los hospitales en el país vecino ante la propagación del Covid-19.

Alberto Fernández envió tropas del Ejército a la frontera entre Salta y Bolivia

Por ahora la Resolución 860 sigue vigente y le permite al Gobierno utilizarla contra los hermanos del pueblo vecino, que conviven en el mismo suelo y cotidianamente se movilizan por cuestiones laborales y personales de un lugar a otro, sin mirar de qué lado de la frontera están, como ocurre también entre ciudadanos de Chile y Argentina.

Asimismo, el decreto firmado este lunes establece que el Ministerio de Defensa elabore una "propuesta de una nueva directiva de política de Defensa Nacional".

Agustín Rossi lo había anticipado a mediados de mayo, a través de la Resolución 141/2020, por medio de la cual crea la Comisión de Análisis y Redacción de las Leyes de Personal Militar y Reestructuración de las Fuerzas Armadas.

La Comisión, según dice la resolución, estará integrada por "Expertos y académicos”, entre ellos Horacio Jaunarena -exministro de Defensa de los gobiernos de Raúl Alfonsín, Fernando de la Rúa, Eduardo Duhalde, y promotor de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida- además de Nilda Garré, legisladores de las Comisiones de Defensa (Senado y Diputados) por el oficialismo y la oposición, entre otros.
Por ahora se desconoce cuál es el proyecto que presentará el gobierno ante la Comisión. Lo que está claro es que continúan con el despliegue militar en todo el país.






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