Sociedad

VISITA DE FABIOLA YÁÑEZ

En Chaco hay miles de familias sin agua, pero derrocharán millones de litros con megagranjas

La primera dama visitó la provincia para la firma de un convenio para la perforación de un pozo de agua. Pese a la emergencia hídrica, hace menos de un mes el gobernador Capitanich accedió a la instalación de factorías porcinas en el territorio.

Valeria Foglia

@valeriafgl | Editora de Ecología y ambiente

Viernes 20 de noviembre | 15:52

La noticia corrió como reguero en redes sociales, y no por las razones adecuadas. Detrás de las críticas superficiales por el atuendo de la primera dama Fabiola Yáñez y el medio de transporte que usó para llegar a Chaco está el drama del agua en la provincia que gobierna Jorge Capitanich. Sequías recurrentes, problemas de saneamiento, bombeo y abastecimiento son algunos de los que padece la población aun en las ciudades.

Ese es el marco de la visita de Yáñez el jueves para la firma de un convenio que permitirá la perforación de un pozo en el paraje Pampa Cejas con el fin de que unas noventa familias accedan al agua potable. Lo paradójico es que hace menos de un mes el gobernador del Frente de Todos firmó un convenio con Feng Tian Food (FTF), empresa de capitales chinos y argentinos, para la instalación de tres complejos porcinos, cuyas megagranjas requieren un millón y medio de litros de agua por día según el propio Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

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Del acto en la ciudad de Charata participaron Yáñez, Capitanich y la vicegobernadora Analía Rach Quiroga. El municipio y la Fundación Alberto Lavalle suscribieron un acuerdo para la perforación de un pozo y la instalación de una planta de tratamiento de agua potable para Pampa Cejas, paraje a cinco kilómetros de Charata en el sudoeste provincial.

Como un intento de adquirir un perfil enfocado al cuidado ambiental, Yáñez expresó que “la escasez de agua potable es una amenaza creciente para todos. Consolidar el derecho al agua segura es fundamental para el desarrollo de la vida humana y para el ejercicio de otros derechos como el de la alimentación, la salud y el bienestar integral. Esto requiere de un compromiso colectivo en la construcción de políticas públicas”. Sobre las megafactorías porcinas ni una palabra.

La simple firma de un convenio municipal atrajo la atención de medios nacionales por la llegada de la primera dama, que a su vez llevó donaciones a una escuela rural de la zona. Sin embargo, mucha menos prensa tuvo la firma que realizara Capitanich a fines de octubre para instalar tres megacomplejos porcinos en Chaco al servicio de FTF. Serán cinco granjas de “2400 madres” cada una por cada complejo, aseguró Sebastián Lifton, ministro de Producción de la provincia.

Además de usina de nuevas pandemias, la industrialización animal requiere ingentes cantidades de agua. Según el anteproyecto original de “12 000 madres”, se estimaba la necesidad de un millón y medio de litros de agua por día por “módulo productivo” (incluyen, además de las granjas, un frigorífico exportador; una planta de biodiésel; un biodigestor con generación de energía; y una planta de alimentos balanceados). El Gobierno chaqueño se comprometió así a instalar factorías que alberguen en total a “36 000 madres”, pero en la comunicación pública del anuncio omitió mencionar cuánta de la escasa agua de la provincia pondrá a disposición. Los números están a la vista.

Dos mandatos cumplidos como gobernador y uno actualmente en curso no parecen haber alcanzado para que Capitanich abordara las obras de infraestructura necesarias para garantizar agua potable a los chaqueños. Casi un mes después de la firma del acuerdo para instalar megagranjas, el Ministerio de Obras Públicas de la Nación anunció la construcción de un acueducto de 512 kilómetros de extensión para abastecer de agua a 683.000 personas de veintiséis localidades chaqueñas, entre las que se cuenta la propia Charata.

En lo que sí fue pionero es en la firma de una suerte de “acuerdo porcino” provincial, la forma que adquirió el impulso del Gobierno nacional a esta apuesta extractivista en Argentina y sobre la que tuvo que "recalcular" ante sucesivas protestas. Aunque se trata de prácticas sin licencia social a causa de cuestionamientos a nivel sanitario, ambiental y económico, Capitanich no dudó en enviar la represión a organizaciones que el 9/11, durante la última jornada nacional de emergencia socioambiental, reclamaron contra los desmontes, la falta de agua y comida, como así también en rechazo a las “falsas soluciones” que busca imponer el gobernador. Y es que no hay "bienestar integral" en un territorio saqueado y contaminado.






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