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Crimen social

Ingenio La Esperanza: a un año de la explosión aún no hay justicia

El 20 de noviembre de 2019 una explosión en un tanque de alcohol del Ingenio La Esperanza, terminó con la vida de 8 trabajadores. A pesar de los avisos de falta de inversión en mantenimiento, el grupo Budeguer decidió mantener la producción. Un crimen social sin que aún exista justicia.

Juan Rovere

@juanroverepts

Viernes 20 de noviembre

Meses antes de la explosión, el gobierno de Gerardo Morales había entregado el histórico Ingenio al grupo Budeguer, en una venta fraudulenta que además de violar todos los procedimientos de la Ley de Quiebras, ni el Juez, ni Morales, pudieron explicar el irrisorio precio de U$S 50 millones en cuotas de hasta 15 años.

El Ingenio venía de años de desinversión, dicho por el propio gobernador y por el entonces ministro Abud Robles. Los millones de pesos que las gestiones peronistas y radicales anunciaban como destino al Ingenio La Esperanza no fueron nunca a invertir en mantenimiento o renovación tecnológica, sino que se transformó en una caja para disponer de millones. Tan es así que el gobierno de Morales, que decía destinar 600 millones de pesos anuales al Ingenio, se negó a dar un informe del destino de esa plata.

La falta de inversión además era conocido por el Ministerio de Trabajo de la Nación y el grupo Budeguer, a quienes el sindicato en audiencias con las partes había señalado el problema. De nada sirvió, los empresarios y su sed de ganancias pusieron a producir un Ingenio que no debía estar produciendo.

Por si fuera poco, los más de 300 despidos realizados en 2017, hicieron que se cubran los puestos en producción con trabajadores que sólo tenían experiencia en el campo y en jornadas laborales de entre 12 y 16 horas. Además, en vez de serenos en los portones pusieron candados para mantener cerradas las salidas.

Lo demás es historia, un tanque de alcohol con pérdidas, cables con cortos y una explosión que además desfondo el tanque y portones que no permitían salir. Fue sin dudas un crimen social, cuya fecha de origen tiene que ponerse en los negociados de los distintos gobiernos.

Sin justicia y falsas promesas

A fin de evitar una crisis social, el gobierno, la oposición peronista y los grandes medios levantaron un manto de impunidad, que contó nuevamente con el favor de la Justicia de Morales. Antes de que se extinguiera el fuego, el discurso del gobierno y los medios era el de “tragedia” y “lamentable accidente”. Incluso dejaban trascender que la explosión se había producido por responsabilidad de un trabajador.

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Al mismo tiempo, el gobernador Morales anunció que otorgaría beneficios sociales a las familias, prometiendo la adjudicación de casas FONAVI, becas de estudio para los hijos e incluso una pensión para las cónyuges de los fallecidos.

Un año después, el gobierno entregó hace pocas semanas la adjudicación prometida, pero indicando también que en seis meses deben comenzar a pagar las elevadas cuotas, sin asegurarse que las familias tengan algún ingreso. Las becas para que los hijos de los obreros fallecidos puedan terminar los estudios primarios, secundarios o terciarios fueron suspendidas, supuestamente por la suspensión de clases presenciales, sin contemplar que para seguir estudiando eran necesarias computadoras e internet. Tampoco existe pensión extraordinaria a la que ya otorga por derecho propio la ANSES y ni siquiera cobraron la indemnización por accidente de trabajo. Un desamparo absoluto.

Pero la Justicia no se quedó atrás, a pesar de los testimonios de trabajadores sobrevivientes y de los pedidos de mantenimiento que el sindicato había señalado previo a la explosión, aún no hay responsables por el crimen, ni del Estado que no realizó las inspecciones solicitadas, ni del personal jerarquico del grupo Budeguer que dieron orden de seguir cargando los tanques a pesar de haber sido avisados de la existencia de cables en corto en la zona.

Tampoco desde las fuerzas del radicalismo y el peronismo en la Legislatura acompañaron el pedido del diputado del PTS – Frente de Izquierda, de conformar una comisión investigadora independiente conformada por familiares, trabajadores del Ingenio y profesionales de la Universidad Nacional de Jujuy para que todo el pueblo de Jujuy pueda conocer la verdad y se castigue a los responsables.

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