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DECLARACIÓN CRT

Un programa de emergencia ante la segunda ola a la que nos conducen el gobierno “progresista” y los autonómicos

A seis meses del inicio de la pandemia ni el gobierno “progresista” ni los autonómicos han tomado ninguna medida contundente para evitar la segunda ola en curso. Es urgente pelear por un programa de emergencia que no se detenga en el respeto de los intereses y beneficios de los grandes capitalistas.

CRT Estado Español

Corriente Revolucionaria de Trabajadores y Trabajadoras | @CRTorg

Jueves 27 de agosto | 18:20

Casi seis meses después del inicio de la pandemia y el cierre de todos los centros educativos, y a apenas una semana del comienzo del curso escolar, docentes, familias y estudiantes claman ante el nivel de dejadez con el que el gobierno “progresista” y el resto de gobiernos autonómicos han actuado en todo este tiempo.

Las medidas para garantizar un retorno seguro a las aulas han sido hasta la fecha inexistentes. Se han ido sacando distintos protocolos, que han variado casi semanalmente, en la mayor parte de los casos en la dirección opuesta a las recomendaciones de epidemiólogos y pediatras. Hoy se han anunciado las nuevas medidas y directrices acordadas entre el gobierno y las comunidades, que no pasan de indicaciones individuales como el uso de la mascarilla a partir de los 6 años, el lavado de manos 5 veces al día o la recomendación de uso de mamparas.

De las primeras promesas de reducción drástica de ratios y aumento de personal y espacios n queda nada. Septiembre vendrá con aulas con casi el mismo número de alumnos que siempre y una sobrecarga de trabajo para los docentes que deberán atender grupos presenciales y telemáticos, en especial en secundaria. Los incrementos de plantilla se quedan apenas un nuevo profesor o profesora por centro, algo ridículo.

Pero la falta de un plan serio para contener la segunda ola no es una novedad ni algo que solo se evidencie en la educación. Los distintos gobiernos, como hicieron ya durante el periodo más crítico de marzo y abril, se niegan en redondo a tomar las medidas necesarias para evitar una nueva escalada como la que se está viviendo desde el inicio del verano y que amenaza con colapsar de nuevo el sistema sanitario si las tendencias actuales se mantienen.

Siguen siendo urgentes medidas que, para su efectiva aplicación, pasan por tocarle de forma directa los intereses a las grandes fortunas, empresas y lobbyes que siguen haciendo su particular “agosto” a costa de nuestra salud. Evitar esto es algo en lo que están de acuerdo desde los ministros “progresistas”, hasta la derecha y las fuerzas independentistas gobernantes.

No puede haber un plan serio y efectivo sin atender a dotarlo de los recursos necesarios. Esto, en medio de una crisis histórica que ya se ha comido más del 18% del PIB, solo es posible mediante la imposición de impuestos especiales a las grandes familias, los beneficios empresariales y de la banca, las empresas del sector sanitario y farmacéutico... Es decir tocando el bolsillo de todos aquellos que a pesar de la crisis han seguido engordando sus cuentas de resultados.

Medidas como éstas y otras, como la nacionalización de la banca, son a día de hoy cuestiones de supervivencia tanto para enfrentar la pandemia como los efectos de la gravísima crisis económica que está haciendo que se disparen los índices de paro y miseria entre millones. Es de ahí, de los grandes capitalistas, de donde se deben extraer los recursos para financiar un plan de emergencia, y no de un permanente aumento de la deuda que se nos querrá hacer pagar en futuros ajustes y recortes, como el que el Banco de España y la UE ya exigen para este año contra las pensiones.

Por un retorno a las aulas con plenas garantías sanitarias

En educación, tal y como exigen diversos sindicatos de docentes, es necesario el incremento drástico de profesionales contratados. El aumento anunciado de 38 mil supone un incremento que no llega al 10% del total. Pero para poder garantizar grupos reducidos de 10 – si tomamos como referencia el número máximo de personas que se permite reunir en el ámbito público y privado- sería necesario duplicar la plantilla, es decir contratar más de 700 mil, 18 veces más de lo que están proponiendo las distintas administraciones.

Si los espacios existentes no son suficientes, como sucede en la mayoría de los centros, se deberían intervenir tantos espacios públicos y privados como sea necesario, construir de forma urgente aularios provisionales e iniciar la construcción de nuevas escuelas e institutos. Para un uso racional de todos los equipamientos educativos, toda la red de educación concertada y privada debería ser intervenida igualmente, integrada en la red pública y ser puesta, como el resto de los centros, bajo el control democrático de docentes, familias y estudiantes.

Por último, en caso de que se volviera a plantear la necesidad sanitaria de volver a la docencia virtual total o parcialmente, ésta debería estar incluida en la jornada ordinaria de los docentes y se deben garantizar todos los medios tecnológicos y de conectividad de forma plenamente gratuita y universal a éstos y las familias, incluidas tutorías y acompañamiento a aquellas familias que más padezcan la brecha digital. Así mismo, la permanencia de los niños y niñas en el hogar debe incluir permisos retribuidos a todos aquellos trabajadores y trabajadoras que deban hacerse cargo del cuidado de los menores, una medida que el gobierno “progresista” ha rechazado hasta el momento por su posible impacto económico en palabras de Calviño.

Medidas así, junto a la dotación de EPIs, equipamientos de prevención y personal sanitario, son las únicas que pueden reducir al mínimo el riesgo de que los centros educativos se conviertan en un vector expansivo del virus en las próximas semanas. Conformarse con menos, como están haciendo las direcciones sindicales en numerosas comunidades autónomas, es asumir un desastre anunciado. Por ello las convocatorias de huelga que se empiezan a plantear deben extenderse a todo el Estado y, a través de asambleas virtuales y otras formas de coordinación, ser el punto de partida de plan de lucha hasta lograr un plan integral y efectivo para aulas seguras.

Por comités de seguridad e higiene que garanticen condiciones de trabajo seguras

En el mes de julio veíamos como las condiciones de superexplotación y hacinamiento de las y los trabajadores agrícolas, en su mayoría inmigrantes, estaban detrás de los primeros rebrotes que derivaron en expansión comunitaria. En estos días, conforme la actividad económica se va reactivando, volvemos a ver imágenes de vagones y andenes atestados en las grandes ciudades.

Tanto la situación de los jornaleros como la del transporte público no son ningún “imprevisto”, simplemente ni el ministerio de Trabajo, ni las consellerias correspondientes, han querido meterse con la patronal agraria por un lado ni aplicar las mejoras en frecuencias y flotas necesarias para garantizar un transporte seguro. Situaciones similares se viven en cientos de centros de trabajo.

Que no podemos dejar en manos de la patronal la garantía de condiciones seguras de trabajo ha quedado más que claro en los meses de pandemia que llevamos. Que tampoco el gobierno “progresista” y los autonómicos van a obligar a tomar medidas demasiado “caras” o que entorpezcan los negocios, también.

Es urgente que los sindicatos, comités de empresa y secciones sindicales, comiencen una gran campaña en todos los centros de trabajo y sectores precarios para imponer comités de seguridad e higiene formados por representantes de los y las trabajadoras. Que sean quienes velen por el cumplimiento de todas las medidas de prevención y que paralicen cuando sea necesario la producción si la patronal no ofrece los equipamientos y condiciones necesarias.

En el caso del transporte público los sindicatos del sector, junto a los usuarios, deben pelear porque este sector esencial y fundamental para evitar la expansión de los contagios, quede bajo control de sus trabajadores, y exigir el refuerzo de plantillas, flotas y frecuencias que permitan viajar respetando las distancias de seguridad.

Por una red sanitaria pública, única y suficientemente financiada

En todo el tiempo posterior a los peores meses de la pandemia las medidas de refuerzo del sistema sanitario no solo no se han tomado, sino que se han seguido produciendo ajustes de plantilla y privatizaciones. Valga como muestra el despido del “refuerzo covid” en comunidades como la de Madrid o Catalunya, intentos de privatización de servicios de limpieza como en el Hospital Gregorio Marañón en la capital o la externalización a dedo de funciones tan fundamentales como los rastreadores a empresas como Ferrovial por parte del gobierno catalán.

El negocio criminal de las residencias ha seguido adelante sin la más mínima medida, ni si quiera de control, tal y como demuestran las nuevos rebrotes que tienen en este sector otro de sus puntos críticos. Empresas de servicios y fundaciones se siguen enriqueciendo a costa de la salud y la vida de los mayores y las trabajadoras que les atienden. Los laboratorios privados por su parte siguen haciendo PCR a la carta en vez de destinarse esos recursos a acelerar la realización de test y la entrega rápida de unos resultados, que en algunos lugares tardan más de una semana en llegar.

Los cerca de 50 mil muertos acumulados hasta ahora no se explican sin la década de recortes anterior y la falta de medidas sobre la sanidad privada y empresas auxiliares durante marzo y abril. El posible nuevo colapso que se pueda producir y sus consecuentes víctimas será responsabilidad plena de un gobierno central que no ha facilitado la financiación necesaria y unos gobiernos autonómicos que han seguido gestionando con la tijera y el respeto y promoción de los negocios de la sanidad privada y empresas de servicios.

Las y los trabajadores de la sanidad han protagonizado movilizaciones en estas últimas semanas exigiendo medidas elementales como el aumento de la contratación estructural o enfrentando procesos de privatización como el mencionado del Marañón. Para evitar un nuevo colapso del sistema siguen estando planteadas las mismas medidas urgentes que el gobierno “progresista” en pleno Estado de Alarma se negó a tomar.

Es necesaria la contratación de todos los y las trabajadoras sanitarios desempleados o subempleados, y la capacitación y contratación en condiciones dignas de las y los estudiantes de enfermería, medicina, farmacia y ciclos sanitarios. Reforzar así servicios como la atención primaria, el rastreo de contactos y los centros hospitalarios, los tres pilares que llevan meses sometidos a una sobrecarga de trabajo y que en varios territorios están al borde.

Hay que poner todos los recursos sanitarios disponibles al servicio de combatir la pandemia, para lo cual es necesaria la nacionalización bajo control de sus trabajadores y trabajadoras de la sanidad privada, laboratorios y la industria farmacéutica. Lo mismo con todo el sistema de residencias y atención a la dependencia, que deben dejar de estar en manos de empresas como Clece, de Florentino Pérez, ser integradas en una red pública única, medicalizadas y puestas bajo el control de sus plantillas.

Ni el gobierno central, ni los autonómicos. Hay que imponer un programa de emergencia mediante la movilización independiente

En estos días asistimos al penoso espectáculo de la “patata caliente”. El gobierno “progresista” y los autonómicos de distinto signo se la pasan los unos a los otros. No podemos comprar el relato de ninguno de los dos, pues tan responsables son quienes desde Moncloa no han tomado ninguna de las medidas excepcionales exigidas por las y los trabajadores de la sanidad, la educación o el transporte, ni han garantizado los recursos necesarios, como quienes desde las autonomías han seguido gestionando y manteniendo un modelo de sanidad y educación vaciado de recursos y beneficiando a las respectivas patronales educativas y sanitarias.

Tanto el gobierno “progresista” como la oposición de la derecha y los gobiernos de Urkullu y Torra, nos conducen a un escenario de segunda ola, que volverá a saturar el sistema se salud con el consecuente coste en vidas, agravará la situación económica y se seguirán poniendo por delante el rescate y defensa de los intereses y beneficios de los grandes capitalistas a toda costa. Lo más que tienen para ofrecer son nuevas medidas restrictivas, campañas sobre la responsabilidad individual y posibles nuevas medidas autoritarias como ya adelantan las propuestas de nueva movilización de militares para la realización de funciones civiles como el rastreo.

La izquierda sindical, los sectores de los grandes sindicatos que no acuerdan con la política de respaldo al gobierno de sus dirigentes y la izquierda anticapitalista de todo el Estado, no podemos permanecer como convidados de piedra ante esta falsa disputa por arriba. Es hora de que se pongan todas las fuerzas y militancia al servicio de que un programa así sea tomado por sectores de la clase trabajadora, la juventud y los sectores populares para defender nuestra salud y nuestras vidas y enfrentar los ajustes sociales que la crisis económica anuncia. Para que el otoño que viene no nos devuelva a un escenario de pasividad y retrocesos sin resistencia, como vivimos en gran medida en primavera, es hora de organizar una movilización social independiente de los diferentes gobiernos que pelee por un programa para que la crisis sanitaria y económica la paguen los capitalistas.






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