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ELECCIONES 14F

Coalición de Represaliados: lucha contra la represión e implementación de la República desde el Parlament

El excabeza de lista al Senado por JxCat encabezará la lista en Barcelona. El eje es la lucha contra la represión y otros puntos sociales progresivos, pero la “hoja de ruta” es una suerte de procesismo en clave implementista. Corriente Roja se suma a esta candidatura después de rechazar la propuesta de la CRT de conformar un frente anticapitalista y por la independencia de clase.

Santiago Lupe

@SantiagoLupeBCN

Miércoles 23 de diciembre de 2020 | 17:37

Este martes se hacía pública la presentación a las próximas elecciones catalanas de una lista impulsada por la Asamblea de Represaliadas y Activistas (ARA) junto a Corriente Roja. Bajo la denominación “Coalició de Represaliadas” y las siglas “CDR” -coincidentes con la de los Comités en Defensa de la República, la cual debieron rápidamente modificar por “CR” a raíz de las múltiples críticas de apropiación que les hicieron en las redes sociales- esta candidatura pretende “poner en el centro la lucha contra la represión”, tanto la ejercida por el Estado como por la Conselleria de Interior de la Generalitat.

El giro autonomista del procesismo y su complicidad con la represión estatal ha hecho que muchos activistas perseguidos –entre ellos varios de los encausados en la Operación Judas del 23S, Tamara Carrasco o Jordi Pesarrodona, el exregidor de ERC que se hizo conocido por presentarse con una nariz de clown ante diferentes operativos policiales en septiembre de 2017– propusieran desde noviembre la necesidad de que su voz estuviera presente en las siguientes elecciones y el Parlament.

El cabeza de lista por Barcelona y candidato de president de la Generalitat será Roger Espanyol. Un activista que fue víctima de la brutal represión del 1-O, perdiendo un ojo a causa del impacto de una bala de goma de la Policía Nacional. No es la primera vez que Espanyol se presenta a unas elecciones. Lo hizo ya en abril de 2019 encabezando la lista del Front Republicà, impulsada por el grupo de Albano Dante Fachin -ex secretario general de Podem Catalunya- y Poble Lliure. Repitió en noviembre de ese mismo año, pero en esta ocasión como cabeza de lista para el Senado nada menos que de Junts pel Cat, compartiendo campaña con Laura Borrás para el Congreso.

La génesis de esta candidatura habla también de su contenido y sus importantes límites. La defensa de los represaliados es una cuestión de principios para cualquier organización y militante, ya no de izquierdas, sino meramente democrática. Sin embargo, para poder hacer efectiva esta importante demanda, es necesario articularla con el resto de demandas sociales y, sobre todo, en una nueva “hoja de ruta” que rompa verdaderamente con los marcos del “procesismo”, algo que está muy lejos de hacer.

El implementismo institucional no es una alternativa al procesismo

El manifiesto de presentación de su candidatura hace una contundente crítica a los partidos procesistas. Reivindican el 1 y el 3 de octubre y denuncian la llamada a la desmovilización de la Generalitat. Acusan correctamente a los dirigentes independentistas de no ser capaces de llevar la lucha por el derecho a decidir hasta el final y ser cómplices y agentes represivos de las movilizaciones.

A la hora de pasar factura de sus políticas económicas y de gestión sanitaria, sin embargo, la crítica se queda en un tímido “ser incapaces de combatir la pandemia y poner fin a la desindustrialización, el paro y la miseria creciente” o hacer “una gestión improvisada y vacía de inversión”. Pero la responsabilidad de ERC y JxCat es mucho mayor que eso. Son los partidos que han mantenido políticas neoliberales solo comparables a las del PP madrileño, a la cabeza de los recortes sociales y han sido soporte fundamental de todas las contrarreformas laborales, de pensiones o en favor de los desahucios exprés, en particular JxCat.

No es que no sean aliados en la lucha por el derecho a decidir, es que son enemigos, el principal obstáculo dentro del movimiento democrático para conseguirlo. Entre otras cosas porque su política en defensa de las grandes fortunas y empresas catalanas ha servido para alejar al grueso de la clase trabajadora de la lucha por el derecho a la autodeterminación.

En este marco, el programa social que se presenta por la positiva, aunque muy poco desarrollado, tiene puntos progresivos que compartimos, como la nacionalización de la sanidad privada, la banca o los sectores estratégicos, o la reducción de la jornada laboral garantizando los salarios. Como propuestas programáticas están a la izquierda de la CUP, que ha optado por una ostensible moderación del programa como parte de su giro gobernista y de búsqueda del acuerdo con el procesismo y los Comunes. Lo mismo con los aspectos democráticos defensivos como la amnistía, el retorno de los exiliados o la expulsión de Policía Nacional, Guardia Civil y disolución de la BRIMO.

La consigna de reducir el programa para la policía catalana a la depuración de responsabilidades y un supuesto “control popular”, con la cual tenemos profundas diferencias desde la CRT, es una propuesta que está por detrás, no solo del programa de los marxistas revolucionarios frente a la policía -que es la disolución de todas las fuerzas represivas-, sino también de los sectores más de izquierda de movimientos como el Black Lives Mater de EEUU que pelean hoy por el fin de la policía, frente a los sectores más influenciados por el Partido Demócrata que defiende justamente este tipo de reformas y controles como las que proponen ARA y Corriente Roja para Catalunya.

Pero un programa no es solo una lista de consignas, es también señalar como se pretende conseguirlo. Y es aquí donde el pasado procesista, desde el activismo o en cargos de representación, de buena parte de los activistas del ARA se impone. Que su cabeza de lista por Barcelona sea un excandidato de JxCat lo hace comprensible. Para implementarlo, por medio de la instauración de una República Catalana, se proponen “preparar la movilización, las estructuras sociales e instituciones necesarias” para acto seguido delegar la iniciativa y dirección a las instituciones autonómicas señalando que “el pueblo catalán necesitamos que el Parlament ejerza como órgano soberano, para hacerlo posible hace falta poner adelante a las personas que tengan la valentía y la lealtad al pueblo”. Una suerte de procesismo en clave implementista que, como todo el procesismo, no puede llevar más que a un nuevo callejón sin salida.

Corriente Roja y su negativa a impulsar un frente por la independencia de clase en Catalunya

Corriente Roja toma la decisión de sumarse a este proyecto después de haber rechazado la propuesta lanzada por la CRT a esta organización, y otras como Lluita Internacionalista, de impulsar un frente de la izquierda anticapitalista que presentara una alternativa para retomar la lucha democrática por el derecho a decidir, acabar con la represión y por un programa transicional, desde la independencia de clase y un programa anticapitalista y revolucionario.

Una decisión que en su momento consideramos sectaria, por rechazar de entrada toda posibilidad de acordar un programa bajo estas coordenadas, y que ahora muestra, como es usual con los grupos sectarios, su contracara oportunista. Corriente Roja opta por integrarse en una candidatura que, aunque levanta puntos mínimos progresivos que podemos compartir, reproduce la estrategia hegemónica en el movimiento democrático de conquistar estos derechos desde y con las instituciones autonómicas a la cabeza, en este caso el Parlament, y la movilización social como mera herramienta de presión.

No es la primera vez que vemos este tipo de zig zags centristas por parte de Corriente Roja. En vísperas del surgimiento de Podemos, ya rechazaron un llamamiento de la entonces organización antecesora de la CRT -Clase contra Clase- de conformar un frente de independencia de clase, para poco después intentar organizar un frente electoral oportunista con Izquierda Unida en Madrid, o sumarse acríticamente al experimento neorreformista que fue Ahora Madrid.

Esta crítica puede parecer demasiado dura hacia una organización a la que hemos hecho múltiples emplazamientos para intervenir en común en diversos terrenos, e incluso avanzar en debates políticos sobre la necesidad de dar pasos hacia un partido unificado de la izquierda revolucionaria, la clase trabajadora, las mujeres y la juventud. Sin embargo, en nuestra crítica no hay más que una vocación principista de decir las cosas como son. Un método que en general es ajeno a los grupos centristas que, como decía Trotsky, prefieren “sustituir la política principista por las maniobras personales y la diplomacia menuda entre las organizaciones".

La bancarrota del procesismo y la necesidad de construir una alternativa anticapitalista y de clase

La bancarrota del procesismo está reordenando todo el mapa político catalán. Los partidos tradicionales están en un marcado rumbo neoautonomista. La CUP saca la conclusión de que ante el retroceso lo que toca es una moderación programática y retomar un procesismo con acento social que permita acumular fuerzas para repetir 2017, con otro referéndum y las mismas ilusiones en la comunidad internacional y sentar al Estado a negociar.

La lista recién presentada es expresión de otro “nuevo ciclo” que conduce a la misma estación. La cuestión pendiente para el movimiento democrático catalán, y para buena parte de la izquierda anticapitalista catalana, es plantear abiertamente que no habrá república si no es porque emerge un polo de independencia política de los partidos e instituciones burguesas. Esto implica no solo la crítica y separación de los aparatos procesistas cuando estos retroceden a posiciones autonomistas, sino prepararse para que en los siguientes embates el movimiento democrático catalán tenga otra composición y hegemonía de clase, y otros métodos para conseguir sus fines.

Por eso desde la CRT planteamos a los compañeros y compañeras de Corriente Roja impulsar un frente que desplegara un programa donde lo democrático y las demandas transicionales anticapitalistas quedarán integradas como parte de un todo, y sobre todo donde se planteara que no habrá autodeterminación ni resolución de los grandes problemas sociales ni de la ley a la ley, ni por medio de las instituciones autonómicas o la desobediencia institucional.

Una cosa es hacer uso de las elecciones o las posiciones institucionales, o pelear por demandas democráticas radicales como imponer una verdadera asamblea constituyente mediante la movilización social, y la otra es convertir esto en la piedra angular de la hoja de ruta o presentar unas elecciones autonómicas en un verdadero ejercicio de soberanía. Solo desde la movilización social y los organismos de autoorganización obrera y popular que se puedan desarrollar, se podrían sentar las bases para superar la represión estatal y todo el andamiaje institucional autonómico y los partidos procesistas, para conseguir el ejercicio efectivo de la autodeterminación y abrir el camino a una república de la clase trabajadora, en la perspectiva de construir una libre federación de repúblicas obreras y socialistas ibéricas.

Corriente Roja rechazó con argumentos sectarios no querer sumarse a fortalecer un polo en este sentido, para acabar en una línea oportunista que lo que fortalece son las ilusiones en que aún es posible implementar el mandato del 1-O si el Parlament tiene “a las personas que tengan la valentía y la lealtad al pueblo”. Una actitud lamentable que, nuevamente, contribuye a poner palos en la rueda por que emerja una alternativa revolucionaria para la clase trabajadora, las mujeres y la juventud oprimida.

Desde la CRT, seguiremos insistiendo y trabajando por construir esta alternativa política que se prepare para que los siguientes embates de la lucha de clases y el movimiento democrático catalán encuentren una izquierda anticapitalista y revolucionaria mejor preparada que en 2017.






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