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Sareb: el gobierno "progresista" culmina el rescate a la banca de Rajoy y se queda 35 mil millones de deuda

El Consejo de Ministros ha modificado la norma anteriormente vigente que impedía superar el 50% de las acciones de la entidad para poder hacerse con el control de la Sareb. Compra la deuda mientras mantiene el beneficio futuro para los bancos. Lejos quedan las palabras de Unidas Podemos que afirmaban que los millones del rescate bancario se recuperarían.

Irene Olano

Miércoles 19 de enero
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El mismo día que conocíamos que el gobierno daría un “bono con trampa” para la vivienda a los jóvenes que solamente beneficia a propietarios, asesta otro golpe a las arcas públicas y a la lucha por el derecho a la vivienda permitiendo el rescate del Sareb y reclasificando la sociedad como perteneciente al sector público.

Sareb (acrónimo de Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria) es una sociedad creada en 2012 que se hizo cargo de los activos problemáticos de la banca que había sido rescatada y desde entonces ha sido una de las entidades buitre que más familias ha desahuciado de sus casas, con la complicidad de los gobiernos.

Es decir, que después de rescatar a la banca, operación que ya nos costó 60.000 millones de euros los activos tóxicos que esta dejó siguen costándonos dinero. La Unión Europea obligó a nuestro país hace unos meses a asumir como propios los 35.000 millones de euros de deuda de esta sociedad si quería percibir los fondos destinados a la recuperación económicas después de la pandemia, como ya explicamos en este artículo, pero no ha sido hasta ayer que el Consejo de Ministros ha aprobado definitivamente la toma del control del grupo. Los 35.000 millones de deuda de Sareb aumentaron en marzo de 2021 la deuda pública de un 117% a un 120% del PIB.

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La sociedad fue creada en 2012 por el ministro de Economía del PP Luis de Guindos que ahora es vicepresidente del Banco Central Europeo. En aquel momento, el Estado asumió el control sobre unos 50.000 millones en activos a través del FROB, financiado por deuda pública, aunque la entidad opera como privada. La compañía, que suma ya nueve años de pérdidas económicas, seguirá funcionando como una empresa privada aunque el Estado tome el control definitivo.

Se prevé que la aprobación del real decreto-ley permita que el Estado adquiera más participaciones en la sociedad (actualmente son de un 45,9%) a costa de que los bancos que son también inversores de la entidad bajen su participación en ella. Es decir, se comprará por la cantidad simbólica de 1€ la deuda adquirida por el Banco Santander (que actualmente participa del 22,21% de la sociedad siendo su segundo principal inversor), CaixaBank (que participaba con un 12,24%) y otras entidades como Sabadell (6,61%), Kutxabank (2,53%), Ibercaja (1,43%) o Bankinter (1,37%). Pero a pesar de esta compra, inexplicablemente la entidad seguirá siendo privada, mostrando de nuevo que el Gobierno es incapaz de pasar por encima de los intereses económicos de los bancos, que con pandemia incluida han visto crecer sus beneficios.

Se pierde también otra oportunidad de evitar que se sigan haciendo negocios fraudulentos y ejecutando desahucios, que es la especialidad del llamado “banco malo”. Sareb es una entidad experta en desahuciar a personas en situación de vulnerabilidad y sin alternativa habitacional, un delito contemplado por el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. Pero, además, como ya señaló la UE, la triquiñuela de Luis de Guindos de pedir bonos avalados por el Estado para que la Sareb no fuera considerada una empresa pública era, en sí, un fraude. Por ese motivo, Europa declaró que si la deuda adquirida por la sociedad estaba avalada íntegramente por el Estado entonces debía entrar en el cómputo de deuda pública.

Tras la bochornosa noticia, el Gobierno oculta la realidad de la Sareb y vuelve a prometer que la compra de su deuda vendrá de la mano de políticas sociales de vivienda hablando de “utilidad social de los inmuebles” y sostiene que la compañía ejerce un impacto positivo en la sociedad, pero la realidad es muy diferente. Sareb fue responsable en enero de expulsar a más de 100 migrantes sin alternativa habitacional que en Barcelona “okupaban” una de las muchas viviendas vacías que tiene la sociedad rescatada.

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Pero el debate sobre la titularidad de Sareb va más allá de lo legal. Se trata de una entidad que continúa haciendo negocios con la vivienda a costa de un rescate pagado por la población en su conjunto, y cuyos principales accionistas, además del Estado, son bancos privados con beneficios millonarios.

Frente a esto, en nuestro país algo más del 25% de la población está en situación de pobreza o en riesgo de exclusión social y se producen miles de desahucios (29.406 en 2020 pese a la “prohibición” del gobierno de desahuciar por los confinamientos). A este problema se suman las dificultades para obtener hipotecas, la precariedad laboral y la enorme temporalidad y el precio de los alquileres que el Gobierno no quiere regular. Una suma fatal que hace que el acceso a la vivienda sea un gran problema social en nuestro país.

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En apenas tres semanas el Gobierno vuelve a mostrar su gestión en pro de los intereses de los capitalistas, primero con una reforma laboral a medida de la patronal y ahora con este nuevo rescate a la banca.


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