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Campaña contra movimientos sociales: un fiscal denunció a dos dirigentes del Partido Obrero

Los apuntados son el legislador porteño Gabriel Solano y el dirigente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, por los presuntos delitos de amenaza y extorsión. Un avance más en la campaña mediática contra las organizaciones sociales.

Jueves 23 de junio
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Guillermo Marijuan, titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Número 9, realizó una denuncia contra el legislador porteño del Partido Obrero, Gabriel Solano, y contra el dirigente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni por los presuntos delitos de amenaza y extorsión.

Marijuan afirma que “existen elementos de entidad suficientes para formular la correspondiente denuncia penal en orden a la presunta comisión de los delitos previstos y reprimidos en los artículos 149 bis y 168, ambos del Código Penal, sin perjuicio de que el avance de la pesquisa permita encuadrar las conductas ilícitas en otros tipos penales”.

En su texto, el fiscal indica que lo que se busca es “determinar en definitiva la comisión de los hechos denunciados, puesto que muchas personas en estado de necesidad serían obligadas a hacer determinadas acciones o a entregar parte del dinero público que reciben de los planes sociales a dirigentes de distintas organizaciones sociales y políticas”. Por esa razón, estima hay motivos suficientes para investigar “las presuntas conductas delictuales en que podrían estar incurriendo Gabriel Solano y Eduardo Belliboni -sin perjuicio de la complicidad o participación de otros individuos-”.

Marijuan le pidió a los Ministerios de Trabajo y Desarrollo Social que informen la cantidad de planes “Potenciar Trabajo”, que fueron otorgados a personas vinculadas al Partido Obrero, desde el año 2020.

Esta medida judicial, lejos de buscar transparencia, es completamente hipócrita y es parte del circo mediático y de voces derechistas de ataque a los movimientos sociales, en pos de profundizar el ajuste, el trabajo precario y fortalecer a los punteros de gobernaciones e intendencias.

No casualmente, tiene lugar también luego de que Cristina Fernández de Kirchner, en el marco de la interna que vive el peronismo de cara al 2023, realizara duros ataques a los movimientos sociales, muchos de ellos oficialistas como el Movimiento Evita (a quien hizo alusión concreta) y despertó una serie de respuestas que fueron desde Alberto Fernández hasta los funcionarios cuyo origen proviene de esas organizaciones, como Emilio Pérsico y Fernando “Chino” Navarro, y también desde la izquierda.

En su discurso, la vicepresidenta declaró estar a favor de que los planes sean manejados por el Estado, es decir, atacar a los movimientos sociales, debilitar la organización popular ante la crisis y darle más poder a gobernadores e los intendentes. O sea, a los punteros políticos del Partido Justicialista. Un claro mensaje de sobre quién prefiere "apoyarse" como parte de ganar base y apoyo en la disputa electoral.

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Quienes forman parte del Movimiento de Agrupaciones Clasistas (MAC-PTS) vienen apoyando la lucha de las organizaciones sociales opositoras al Gobierno por la apertura y aumento de planes, pero también por supuesto reclaman la generación de puestos de trabajo genuino y plantean claramente que es necesario debatir la reducción de la jornada laboral a 6 hs, 5 días a la semana, con un salario como mínimo igual a la canasta familiar, como una manera de avanzar en el reparto de las horas de trabajo entre todas las manos disponibles y terminar con el desempleo y las jornadas extenuantes de trabajo con bajos salarios.

En este marco es fundamental el planteo que levantan también sobre la necesidad de un movimiento único de desocupados con libertad de tendencias. Para que la decisión de en qué agrupación enrolarse pueda tomarla cada trabajador y trabajadora en base a sus convicciones e ideales y a la vez mantener la más amplia unidad para la organización y la lucha. Es la única manera de poder construir organizaciones verdaderamente democráticas.


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