REPRESIÓN ESTATAL

Porras extensibles para la policía: el regalo navideño del Gobierno “progresista”

El Ministerio del Interior ha invertido dos millones de euros en abastecer a la policía de nuevas porras extensibles para facilitarles el trabajo de reprimir.

Lunes 29 de noviembre de 2021 | 09:30

Mientras sigue la falta de financiación de hospitales y colegios, mientras que la luz sube sin freno, los desahucios no se detienen y la reforma laboral sigue precarizando a la clase trabajadora, en especial los más jóvenes, el Gobierno progresista decide gastar 2 millones de euros en equipar a la policía con nuevos “bastones extensibles”, llamados por el común de los mortales “porras”.

La Dirección General de Policía (DGP) hizo la presentación de esta nueva arma que empleará, sobre todo, la policía antidisturbios. Esta porra está compuesta de una aleación de acero y puede pasar de 26 cm. a medio metro con un golpe de brazo.

La DGP no ha dudado en alabar su efectividad, intentando por todos los medios no describirla como lo que es, un arma. Según dicen, es un modelo que facilita el trabajo policial, al mismo tiempo que hace que las agresiones sean “menos lesivas” (desconocemos en qué se basa para decir que es menos dañina una porra de acero que otra de plástico).

En lugar de referir a su uso más inmediato (golpear a alguien) han destacado el poder disuasorio y psicológico de la porra cuando se extiende. Ésta emite un ruido metálico que, en la cabeza de la Dirección de la Policía, es sinónimo de una solicitud de paz, no de una amenaza y una futura contusión causada por emplear la porra para lo que fue diseñada: agredir.

La noticia es muy interesante si pensamos el contexto en que se produce. Tras varios años prometiendo la derogación de la Ley Mordaza, finalmente, se creó la Comisión para tal fin. Sin embargo, como señala la Plataforma No Somos Delito, esta supuesta derogación no pasa más que por una leve reforma en sus artículos más polémicos. Reformas que, por otra parte, no suponen un cambio auténtico de la situación presente. No limitan la acción de los antidisturbios en las manifestaciones, no deroga la “veracidad policial” y deja otros aspectos a interpretación de las autoridades, como la posibilidad de actuar con violencia sobre una manifestación espontánea.

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No obstante, incluso esto ha sido suficiente para que la policía con sus principales organizaciones reaccionarias y derechistas se manifestasen el pasado sábado para impedir estos cambios. Junto a ellos han salido PP y Vox para defender los derechos a la policía: su derecho a imponer por la fuerza el orden de un Estado opresor, que exprime y hunde en la miseria a las clases humildes, cuya justicia encarcela raperos y libera agresores machistas. Y es que, como dijo Engels, la policía es la fuerza fundamental del Estado. Quienes están contra él, aunque sea para manifestarse por una reivindicación parcial, saben de sobra que reforzar el poder de la policía sólo puede ir en detrimento de las libertades democráticas y de la clase trabajadora.

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¿Quién si no la derecha más reaccionaria para defender los guardianes de un Estado que tiene por única finalidad sostener el capitalismo? Pero no nos equivoquemos. Aunque PP y Vox encabezaran la manifestación, PSOE y UP no son menos afines a estas fuerzas represivas del Estado. No hace falta recurrir a declaraciones, como la que hizo Pablo Iglesias en Ara, cuando afirmó que “el problema nunca es la policía en sí, una institución imprescindible” y apuntando a que el rol represivo y de abuso de la policía es cosa de ciertos sectores ultraderechista. Nos basta con ver cómo, en los hechos, el Gobierno progresista se apoya en las fuerzas del Estado para acallar a los trabajadores y colectivos sociales que finge representar.

Lo hemos visto en las manifestaciones contra la detención de Hasél, condenado sólo por posicionarse abiertamente contra la Corona. Lo hemos visto en las manifestaciones en repulsión por el asesinato de Samuel, donde la policía cargó sin compasión contra los colectivos LGTBI+. Lo hemos visto en la huelga de Cádiz, provocada por la concesión del Gobierno a la patronal y a la que mandó tanquetas y una gran cantidad de efectivos policiales para reprimir.

El Gobierno “progresista” no busca defender a la clase trabajadora y los colectivos sociales, sino al Estado. Que refuerce a la policía en un momento en que hay una ola de huelgas en el Estado, en el que los trabajadores comienzan a ver qué hay detrás de su máscara progresista al tiempo que rechazan la neoliberal ultraderecha que pondrá la puntilla a sus derechos; en resumen, que no derogue la Ley Mordaza y reparta porras ergonómicas para que repriman con mayor comodidad, es la reacción evidente de un Gobierno que busca conservar el Régimen del 78.

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De hecho, el protocolo es de uso de estas nuevas armas es tan ambiguo como la reforma que planea, pues sabemos que por mucho que prohíba su uso injustificado y contra partes sensibles del cuerpo (cabeza, cuello, etc.), a la hora de la verdad, la policía no duda en dejar tuerto o paralítico, siendo para colmo inimputable para la Justicia del Estado.

Ni qué decir que, ante esta situación, luchar y organizarnos en la calle contra el aparato militar y policial del Estado es esencial. Ningún Gobierno puede llamarse “progresista” si no disuelve los aparatos represivos del Estado (policía, sistema penitenciario, leyes de impunidad, etc.) como todas las leyes que los refuerza, cuya única finalidad es la represión y agresión a las libertades sociales, tales como la Ley de Extranjería que sostiene los CIES o la Reforma Laboral que precariza y condena a la pobreza a miles de personas. Las mismas personas que, cuando salgan a protestar a la calle, serán golpeadas con las nuevas porras extensibles, cortesía del Gobierno de PSOE y UP, y con la bendición de la extrema derecha.






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