SUPLEMENTO

¿Qué pasa si se aplica la reducción de la jornada laboral en las grandes empresas?

Pablo Anino

Economía
Ilustración: Marcos Kazuo @rompts.comic

¿Qué pasa si se aplica la reducción de la jornada laboral en las grandes empresas?

Pablo Anino

Mientras un sector importante de la población está desocupado, subocupado y sometido a la misma miseria de no llegar a fin de mes, el que logra cubrir los consumos mínimos está sometido a jornadas laborales interminables (claro que muchos de los que no llegan a fin de mes también tienen jornadas extenuantes). La carestía de vida avanza por todos los andariveles de la clase trabajadora. La burocracia sindical de la CGT es cómplice de dejar pasar el ataque al poder de compra del salario: desde octubre de 2015 a julio de este año se perdió el 21 % en el sector privado registrado y el 29 % en el sector público. Entre los informales, el retroceso es del 30 % desde octubre de 2016 [1] .

Pero el empresariado y la derecha de Juntos por el Cambio no se conforma con la mejora en las condiciones para obtener ganancias que implica ese retroceso salarial. Ahora impulsa un cambio en el régimen de indemnizaciones (la famosa “mochila”) para facilitar el despido de trabajadoras y trabajadores. Es el primer paso, la punta del iceberg, para una contrarreforma laboral más amplia. El oficialismo del Frente de Todos se ubica formalmente en la vereda opuesta: de palabra rechaza esas propuestas, pero en simultáneo sus funcionarios y la cúpula de la CGT avalan en los hechos la pérdida de derechos por convenio o empresa, como sucedió con el cambio del régimen laboral impulsado recientemente en Toyota.

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Contrapuesta a esa agenda que intenta arrebatar derechos a las trabajadoras y trabajadores cobra relevancia la propuesta de la reducción de la jornada laboral sin reducción salarial que hace la izquierda, la cual es inseparable de la lucha por absorber a todas las trabajadoras y los trabajadores desocupados en la perspectiva de imponer el reparto de las horas de trabajo. Si se aplican estas medidas en las 12 mil grandes empresas del país se podrían crear alrededor de 900 mil nuevos puestos. Es decir, que se podría absorber casi la mitad de los 2 millones de desocupados que mostraron las estadísticas del INDEC durante el segundo trimestre del año. Estos datos muestran el potencial de la propuesta que realiza la izquierda: marca un camino para mejorar las condiciones de vida, aumentar los salarios y absorber a la desocupación.

Las grandes primero

El discurso empresarial rechaza la propuesta amparándose en la imposibilidad de que la lleven a la práctica las pequeñas empresas, lo cual no está para nada demostrado, sino simplemente postulado. La propuesta de reducción de la jornada laboral también puso al borde de un ataque de nervios a los ministros de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas y de Trabajo, Claudio Moroni. En una entrevista con Telefé, Leandro Santoro, el candidato a diputado en la CABA por el Frente de Todos, se sumó al coro de los ministros en el rechazo a la propuesta. Las voces oficialistas de rechazo reproducen los mismos argumentos patronales que afirman que las PyMES no podrían aplicarla ¿Y las grandes empresas?

En Argentina, en el período 2015-2019, las estadísticas del Ministerio de Trabajo dan cuenta de la existencia de un promedio de unas 600 mil empresas del sector privado que emplean trabajadoras y trabajadores registrados (formales). Entre esas empresas, existen unas 12 mil que son categorizadas como grandes: representan apenas el 2 % del total de las compañías que figuran en las estadísticas. Como se dijo, la aplicación de la reducción de la jornada laboral legal de trabajo a 6 horas y 5 días a la semana (30 horas semanales) y el reparto de las horas de trabajo permitiría crear en lo inmediato aproximadamente 900 mil puestos de trabajo en esas 12 mil grandes empresas del país.

Es decir que su aplicación en aquellas empresas que detentan el control sobre los recursos estratégicos para la producción y circulación de mercancías en el país exhibe un enorme potencial. De este modo, se puede absorber casi la mitad de la desocupación que en el segundo trimestre del año fue estimada en 2 millones ¿Cómo se llega al resultado de 900 mil nuevos puestos de trabajo? El resultado surge de aplicar la intensidad laboral que estima la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) para todos los trabajadores ocupados a los asalariados del sector privado registrado que están empleados en esas grandes empresas.

Las mediciones de intensidad laboral que realiza la EPH del INDEC indican que entre los ocupados coexisten realidades diversas: el 14 % (promedio 2020) está subocupado, en tanto trabaja menos de 35 horas semanales; un 50 % es ocupado pleno, lo cual implica que trabaja entre 35 y 45 horas semanales; y un 24 % es sobreocupado, lo que significa que trabaja más de 45 horas semanales. Considerando estas intensidades se realizan dos supuestos. El primer supuesto es que para los ocupados plenos la intensidad laboral promedio se ubica en la mitad del rango de horas trabajadas: implica que trabajan un promedio de 40 horas semanales. El segundo supuesto es que los sobreocupados trabajan en promedio lo que indica el límite inferior del rango: implica 45 horas semanales. Aplicando esa intensidad laboral a los 3,1 millones de puestos de trabajo privados registrado (formales) que surgen de las estadísticas del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (OEDE) del Ministerio de Trabajo, se llega a que se pueden generar casi 900 mil puestos de trabajo nuevos [2] .

En el cuadro de arriba se presentan los resultados de la aplicación de la reducción de la jornada laboral y el reparto de las horas trabajadas en las grandes empresas por cada rango de intensidad laboral. Se estima que existen 1,59 millones de ocupados plenos que trabajan un promedio de 40 horas en las grandes empresas. Esto da un total de 63 millones de horas semanales trabajadas que repartidas en jornadas de 30 horas permitirían la generación de 528 mil puestos nuevos. A su vez, se estima que existen 740 mil sobreocupados que trabajan un promedio de 45 horas semanales. Esto da un total de 33 millones de horas semanales trabajadas que repartidas en jornadas de 30 horas permitirían generar otros 370 mil puestos nuevos. En total, se podrían generar casi 900 mil puestos nuevos.

Según parámetros del Ministerio de Desarrollo Productivo (que conduce Kulfas), las grandes empresas son aquellas que facturan más de $ 1.241 millones anuales en el sector construcción; más $ 940 millones en los servicios; más de $ 3.698 millones en el comercio; más de $ 3.955 millones en la industria y la minería; más de $ 1.099 millones entre las agropecuarias. Es decir, se trata de empresas con mucha espalda. Pero en la categoría de empresas que son consideradas MIPyMES (es decir que facturan menos que los niveles indicados) no se encuentran simplemente quioscos, almacenes, panaderías o pequeños talleres, sino que también figuran empresas con facturaciones milmillonarias.

Por lo cual, con la aplicación de la reducción de la jornada laboral y el reparto de horas en el resto de las empresas que no son grandes, pero también en el empleo público, se podría absorber toda la desocupación, es decir garantizar trabajo genuino a quienes hoy no tienen más alternativa que recurrir a los planes sociales para mal sobrevivir en la miseria. Por ejemplo, en el ámbito público, esto se podría lograr alivianando las jornadas para el personal de salud que estuvo en la primera línea trabajando sin descanso para combatir el Covid-19; ampliando la provisión de tareas de cuidado; aumentando la infraestructura de guarderías o jardines de infantes.

El impulso de un plan de obras públicas permitiría, no solo generar empleo, sino también construir las viviendas que se necesitan para terminar con el déficit habitacional que sufren tres millones y medio de hogares en nuestro país desde hace años. Asimismo, abordar el desarrollo de las obras de extensión de las redes de agua, cloacas, electricidad y gas, o las escuelas y hospitales necesarios, en función de una planificación urbana racional orientada a atender las necesidades sociales. En esta perspectiva, incluso se generaría trabajo genuino en un número tal como para incorporar a todos aquellos que desalentados por años de retroceso económico dejaron de buscar empleo.

La sagrada ganancia

¿Cuáles son las grandes empresas? El secreto estadístico estatal guarda bajo siete llaves los números contables fundamentales de la clase capitalista. No obstante, ese secreto es parcialmente develado al momento de vender el éxito empresarial para captar inversores en la bolsa, intentar tomar ventaja en la competencia intercapitalista o simplemente para hacer marketing. La Revista Mercado publica cada año el ránking de las mil empresas que más facturan en el país. Los datos de 2019 exhiben en los primeros puestos varias empresas que integran la cúpula capitalista y que en realidad facturan mucho más que lo indicado por los parámetros utilizados para categorizar a las grandes empresas por el Ministerio de Desarrollo Productivo.

Excepto YPF, Telecom, Supermercado Día e Importadora, Exportadora de la Patagonia y Mastellone, el resto de las empresas que figuran al tope del ránking exhibieron resultados económicos positivos en 2019, aun cuando fue un año de recesión económica [3]. En esta cúpula de las que más facturan aparecen empresas de los rubros más diversos: petroleras; bancos; automotrices; agroexportadoras; telecomunicaciones; energía eléctrica; industria de la alimentación; supermercados; petroquímicas; droguerías. En el presente año esas empresas se vieron favorecidas por distintos factores: con subsidios del estado las petroleras; con el negociado de las Leliq los bancos; con desgravaciones de aranceles por exportaciones incrementales las automotrices; con el aumento del precio de las materias primas las agroexportadoras; con el aumento del consumo de datos las de telecomunicaciones; con la recuperación de la actividad las eléctricas, la industria de la alimentación y los supermercados.

A nivel general se observa cierta recuperación de las ganancias. A partir de la Cuenta de generación del ingreso del INDEC se puede estimar que, durante el primer trimestre del año, la clase capitalista obtuvo, por cada $ 1 pagado por salario, una ganancia de $ 1,24: se podría asociar a una tasa de explotación del 124 % [4] . Se trata del guarismo más alto desde 2016, cuando comienza la serie de datos. Esto significa con Alberto Fernández la clase capitalista le roba más tiempo de trabajo al asalariado que con Mauricio Macri ¿Cómo las principales empresas del país no van a estar en condiciones de implementar la reducción de la jornada laboral y el reparto de horas de trabajo?

En la recuperación económica todavía tímida que se observó en el primer trimestre del año, los empresarios, la parte minoritaria de la sociedad, se llevan una parte más grande de la torta. La balanza se está inclinando para el lado de la clase capitalista. Las estadísticas del INDEC no distinguen por tipo de empresa, por lo cual no hay pruebas, pero tampoco dudas, que son las grandes empresas las que probablemente se estén embolsando la mayor parte de la masa de ganancias incrementada que se observó en el primer trimestre del año. Y que seguramente siguió en los trimestres subsiguientes con los salarios corriendo detrás de la inflación.

La relación entre la evolución de los salarios obreros y la evolución de las ganancias de la clase capitalista es intrínsecamente antagónica en el actual sistema de explotación. El planteo de reducción de la jornada laboral sin reducción del salario y reparto de las horas de trabajo claramente afecta a las sagradas ganancias que la clase capitalista defiende con uñas y dientes. Pero su implementación ni siquiera insumiría, en términos contables, toda la ganancia que obtienen actualmente. Pero no se trata de un problema contable.

La jornada de las 8 horas de trabajo se conquistó con luchas históricas de la clase trabajadora, pero nunca logró poner fin a la desocupación. El ejército industrial de reserva es una necesidad del capitalismo. La existencia de ese ejército de desocupados crónicos e indigentes, es una suerte de amenaza latente, una soga al cuello, que las empresas agitan como extorsión contra los que sí tienen empleo para obligarlos a agachar la cabeza frente al deterioro del poder de compra del salario, las jornadas extenuantes, la mayor intensidad en el ritmo de producción u otros cambios regresivos en las condiciones laborales. Y, claro, también para buscar aplicar una contrarreforma laboral más amplia.

Ilustración: Marcos Kazuo @rompts.comic
Ilustración: Marcos Kazuo @rompts.comic

La propuesta de reducción de la jornada laboral también apunta a recuperar el poder de compra del salario en tanto se plantea sin rebaja salarial, lo cual implica, en los hechos, una recuperación del 33 % en el salario por hora trabajada para todos los que actualmente tienen una jornada de ocho horas diarias. Además, está indisolublemente ligada al planteo de que nadie gane menos que lo que cuesta la canasta familiar, que ATE Indec estimó en $ 109 mil este agosto último. Asimismo, comprende la obligatoriedad de registración de los trabajadores, la estabilidad laboral con la incorporación a la planta permanente bajo el convenio más favorable de cada rama para terminar con toda forma de precarización y que no se impongan mayores ritmos de producción, también garantizaría mayores ingresos salariales.

Bajo estos requisitos, la reducción de la jornada laboral exige no solo, obviamente, una lucha organizada de la clase trabajadora, sino que incluso su conquista parcial hará necesario un control de los trabajadores en los lugares de trabajo para evitar las previsibles maniobras patronales. La conquista duradera y generalizada de la reducción de la jornada laboral y el reparto de las horas de trabajo, necesariamente, planteará la lucha por un gobierno de trabajadores.

Conquistar una reorganización social integral de las fuerzas productivas en función de las necesidades sociales y donde la jornada de trabajo tienda a reducirse al mínimo necesario en función del desarrollo de la ciencia y de la técnica, y donde desaparezca la desocupación y el trabajo precario, requiere el poder de los trabajadores y la derrota de la clase capitalista (los capitalistas individuales podrán integrarse en esa nueva sociedad de acuerdo a sus capacidades, sin explotar trabajo asalariado). Pero el planteo que hace la izquierda no exige a los trabajadores que sea tomado en su perspectiva final, pero si clarifica las perspectivas de la lucha propuesta que, en función de la resistencia que presenten los capitalistas y su estado dictaminará según sus resultados, en última instancia, en qué medida avanzan los objetivos de las clases sociales en disputa.

Salidas de distinta clase

La clase capitalista y sus formaciones políticas son las responsables de la decadencia argentina: la economía atraviesa una nueva “década pérdida” desde 2011. El estancamiento económico, con sus oscilaciones, también se expresa en las cifras de (no) generación de empleo formal en el ámbito privado: en el período 2011-2020 promedia los 6,4 millones de puestos sin que registre (excepto en 2015) variaciones positivas que superen la tasa de crecimiento de la población. No solo eso en 2016, 2018 y 2020 (este último año por efecto de la pandemia) los puestos de trabajo en el sector privado mostraron variaciones negativas.

El período electoral fue el escenario propicio para el eterno retorno de la idea de una contrarreforma laboral. Ese debate, impulsado por el gran empresariado, por las empresas periodísticas y la por derecha pampeana, desde Juntos hasta los libertarianos, invade una vez más la agenda pública. Y vuelve luego de que el último intento de reforma laboral fuera tirado abajo por la movilización callejera en diciembre de 2017. En aquellas jornadas el macrismo obtuvo un triunfo pírrico: consiguió que el Congreso votara el ajuste sobre los jubilados con una nueva movilidad jubilatoria, pero tuvo que abandonar su “reformismo permanente”, que comprendía ataques más generalizados a la clase trabajadora, entre ellos una reforma laboral que en varios aspectos había sido consensuada con la cúpula de la CGT.

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El intento de avanzar con un cambio en el régimen de las indemnizaciones a través de la implementación de la “mochila” que proponen desde Juntos por el Cambio y sectores empresariales es el primer paso, la punta del iceberg, en la búsqueda de un ataque más amplio para arrebatar derechos a la clase trabajadora utilizando argumentos falsos sacado del baúl de los recuerdos de la década de 1990. Se dice que sin una “modernización” en las leyes laborales el tren de la historia pasará de largo. Que la aplicación del desarrollo tecnológico es impedida por las arcaicas regulaciones laborales actuales. Que la única forma de crear empleo es barrer con los derechos laborales. Que la desocupación y la informalidad son causadas por la protección legal que la clase trabajadora conquistó con sus luchas históricas.

El Gobierno del Frente de Todos utiliza esa amenaza de la derecha para intentar mostrarse como un dique de contención contra la quita de derechos a la clase trabajadora. Lo mismo que la burocracia sindical de la CGT. Pero la oposición de palabra contrasta con los hechos. Allí donde está planteado aplicar la quita de derechos laborales por convenio o por empresa, los mandamases de la CGT y los funcionarios del Gobierno (en particular, el Ministerio de Trabajo) son la garantía para allanar el terreno a los deseos patronales.

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El nuevo régimen de trabajo que Toyota implementará desde enero próximo es ilustrativo: los trabajadores tendrán la obligación de trabajar los sábados. Esa pérdida del derecho al descanso fue pactada con el titular del SMATA, Ricardo Pignanelli, que montó una farsa de democracia obrera para votar el nuevo régimen a mano alzada en uno de los gremios que mejor combina dosis de patoterismo y control policial sobre los trabajadores. Fabricar más modelos Hilux y SW4 es un valor supremo frente a la salud y las condiciones de vida de los trabajadores. La idea de la “actualización” de los convenios había sido anticipada por el titular de la UOM, Antonio Calo, en el Primer Congreso de la Producción y el Trabajo realizado a fines de agosto bajo el impulso del Gobierno de Alberto Fernández.

No solo eso. El ministro de Economía, Martín Guzmán, viaja estos días a Washington en busca de un nuevo acuerdo con el FMI: de ser así, convalidará el fraude que el organismo hizo en connivencias con el macrismo a todo el pueblo trabajador. La idea de una contrarreforma laboral que ataque derechos conquistados a través de décadas de lucha es parte de la receta antiobrera que lleva el Fondo a todos los países.

La propuesta de reducción de la jornada laboral en la perspectiva de absorber la desocupación y establecer el reparto de las horas de trabajo, empezando por las grandes empresas, se opone a la agenda de ataque a los derechos laborales que impulsa la clase capitalista bajo el régimen del FMI. La clase trabajadora tiene el desafío no solo de luchar por estos reclamos para mejorar las condiciones de vida de las mayorías, sino de establecer la disputa en un campo más amplio con un programa de desconocimiento soberano de la deuda, de ruptura con el Fondo y de reorganización económica con eje en las necesidades sociales más urgentes.


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NOTAS AL PIE

[1La estimación surge de comparar la evolución del Índice de Salarios con la evolución del Índice de Precios al Consumidor (enero 2017-julio 2021), ambos elaborados por INDEC. Para el período octubre 2015-diciembre 2016 se utiliza el Índice de Precios al Consumidor de la Dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

[2En realidad, las estimaciones subestiman la potencial creación de puestos de trabajo, en tanto que en el rango de sobreocupados hay una parte (probablemente la mayor) que trabaja más de 45 horas semanales. Por otro lado, no se considera la potencial creación de puestos de trabajo en el rango de los subocupados que trabajan más de 30 horas semanales porque no se puede distinguir en las estadísticas del INDEC.

[3Existe un reclamo por parte de las empresas para poder efectuar el ajuste de los resultados económicos por inflación, lo cual reduciría las ganancias en cierta proporción. No obstante, esto no supone una alteración sustancial del respaldo económico que exhiben las grandes empresas. Además, que estas compañías cuentan con un ejército de profesionales al servicio de la elusión, evasión y fuga de capitales.

[4Los datos se obtienen de la “Cuenta de generación del ingreso e insumo de mano de obra” del INDEC. El Excedente de Explotación Bruto (EEB) “es el saldo contable de las empresas constituidas en sociedad”. Actúa como una “medida del excedente o el déficit devengado de los procesos de producción”. El EEB es una suerte de aproximación a la masa de ganancias de las empresas. El EEB se llevó el 40,2 % del total de la torta de la riqueza que genera el país (más precisamente, la clase trabajadora) durante el primer trimestre de 2021. Esto implicó un incrementó de 5,06 puntos porcentuales en su participación en la riqueza social generada. En simultáneo, la participación de la Remuneración al Trabajo Asalariado (RTA) alcanzó 46,1 % del Valor Agregado Bruto (VAB), es decir de la torta de riqueza. Esto implicó un descenso de 3,76 puntos porcentuales respecto al mismo período de 2020. Visto desde otro ángulo, cada puesto de trabajo asalariado registrado del sector privado aportó $625 mil al EEB o a la masa de ganancias durante 2016. En 2017, el aporte fue de $607 mil. En 2018, con la llegada del FMI, aumentó a $ 668 mil. En 2019, con la crisis final del macrismo se redujo a $632 mil. Y en 2020, cada puesto reportó $631 mil a la masa de ganancia empresaria. Lo que surge es que, en 2020, en plena crisis pandémica, no todos pusieron el hombro de la misma manera: los capitalistas lograron sacar de cada trabajador una cuota de riqueza por cada puesto de trabajo muy parecida a 2019 . No solo eso. En términos anualizados, durante los tres primeros meses del 2021, cada puesto reportó $722 mil a las ganancias.El informe está disponible en: https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/cgi_07_2128BB088431.pdf.
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Pablo Anino

@PabloAnino
Nació en la provincia de Buenos Aires en 1974. Es Licenciado en Economía con Maestría en Historia Económica. Es docente en la UBA. Milita en el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS). Es columnista de economía en el programa de radio El Círculo Rojo y en La Izquierda Diario.
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